Hoy (01-02-2010) comienza de nuevo el juicio civil por el accidente del Yak-42
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza acoge desde hoy la repetición del juicio civil por el accidente del avión militar Yakolev-42, en el que murieron 62 personas el 23 de mayo de 2003, la mayoría militares españoles con base en Zaragoza, que regresaban de Afganistán tras participar durante cuatro meses en una misión humanitaria. Los familiares de las víctimas reclaman un millón de euros por familia.
Juicio que comienza a las 10 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza. Hoy serán interrogados el representante de la contratista del vuelo, la empresa Chapman Freeborn y tres testigos. Mañana comparecerán cinco testigos más y el miércoles 3 de febrero lo harán cinco peritos. Los días 4 y 5 de febrero tendrán lugar las alegaciones de las partes. La magistrada María Teresa Real, será la encargada de juzgar la parte civil de este caso.
En 2006, el juez zaragozano Angel Dolado, actualmente decano de los jueces aragoneses, juzgó la demanda interpuesta por los familiares de 61 de los 62 fallecidos, quienes exigían una compensación millonaria a la compañía aérea que realizó el vuelo, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), la contratista del aparato, la empresa Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint-Stock. La sentencia condenatoria de Dolado fue recurrida por la contratista, argumentando que no se presentó en sede judicial para asistir al juicio porque no haber sido citada correctamente, por lo que fue condenada en rebeldía procesal. Meses después, la Audiencia Provincial dio la razón a Chapman Freeborn y ordenó repetir el juicio.
Dolado condenó por aquel entonces a las tres compañías a indemnizar a las familias con un monto de 9,8 millones de euros, por debajo de los 60 millones solicitados, para los 311 afectados, la diferencia está en que el juez excluyó de las indemnizaciones a los hermanos de las víctimas, y aplicó el baremo para accidentes de tráfico y no para grandes catástrofes. Ahora son los familiares de 60 de los 62 fallecidos los que reclaman alrededor de un millón de euros por familia, aunque la cifra varía en cada caso, en función de criterios como el número de familiares que podrán recibir la compensación.
Juicio que comienza a las 10 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza. Hoy serán interrogados el representante de la contratista del vuelo, la empresa Chapman Freeborn y tres testigos. Mañana comparecerán cinco testigos más y el miércoles 3 de febrero lo harán cinco peritos. Los días 4 y 5 de febrero tendrán lugar las alegaciones de las partes. La magistrada María Teresa Real, será la encargada de juzgar la parte civil de este caso.
En 2006, el juez zaragozano Angel Dolado, actualmente decano de los jueces aragoneses, juzgó la demanda interpuesta por los familiares de 61 de los 62 fallecidos, quienes exigían una compensación millonaria a la compañía aérea que realizó el vuelo, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), la contratista del aparato, la empresa Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint-Stock. La sentencia condenatoria de Dolado fue recurrida por la contratista, argumentando que no se presentó en sede judicial para asistir al juicio porque no haber sido citada correctamente, por lo que fue condenada en rebeldía procesal. Meses después, la Audiencia Provincial dio la razón a Chapman Freeborn y ordenó repetir el juicio.
Dolado condenó por aquel entonces a las tres compañías a indemnizar a las familias con un monto de 9,8 millones de euros, por debajo de los 60 millones solicitados, para los 311 afectados, la diferencia está en que el juez excluyó de las indemnizaciones a los hermanos de las víctimas, y aplicó el baremo para accidentes de tráfico y no para grandes catástrofes. Ahora son los familiares de 60 de los 62 fallecidos los que reclaman alrededor de un millón de euros por familia, aunque la cifra varía en cada caso, en función de criterios como el número de familiares que podrán recibir la compensación.
La defensa de las tres empresas aseguran que el vuelo del Yak-42 era militar y no civil, por lo que no se le puede aplicar el Convenio de Varsovia, que obligaría a dar una compensación millonaria. Por su parte las acusaciones aseguran que el vuelo no formaba parte de una misión de guerra, sino que simplemente devolvía a los militares españoles a la Base Aérea de Zaragoza, una vez concluida su misión en Afganistán. El juicio penal por los errores cometidos en la identificación de los cadáveres se celebró en marzo de 2009, y en el se condenó a tres militares a un total de seis años de cárcel.
La Asociación de Familias Víctimas del Yak-42 confia en que en el juicio civil que hoy comienza, se sepa otra verdad sobre cadena de subcontratas que acabaron en la adquisición de un avión que nunca debió despegar porque no reunía las condiciones de seguridad suficientes para realizar un vuelo de esas características.
Para los representantes de esta asociación, la sentencia dictada el 6 de febrero de 2006 "fue clara y los hechos probados también, al recordar que hubo temeridad de los pilotos, no tenían formación en gestión de recursos en cabina, el ingeniero de vuelo tenía caducado el certificado médico de vuelo, no hubo aplicación de procedimientos, llevaban 23 horas de servicio sin descansar, el vuelo era ilegal y había deficiencias demostradas del aparato que según la normativa aérea internacional le prohibían despegar".
La empresa contratante Chapman era la encargada de garantizar que la aeronave operara con seguridad en todo momento y en conformidad a las leyes y regulaciones de navegación aérea. Chapman era responsable de las condiciones del avión y de los permisos cumplimentados, pero "ni siquiera contrató el seguro de accidentes al que estaba obligada" según denuncia la asociación de familiares de las víctimas. "Es doloroso saber cómo en Noruega prohibieron los vuelos de soldados en el Yak-42 de Um Air. Es doloroso comprobar que el vuelo le costó a España 149.000 euros y que Um Air cobró 38.000 euros. Se perdió dinero, se perdió seguridad y se perdieron vidas", lamentan desde esta asociación. Fuente COPE.
